Entrevista a S. Todd Crider | Lawyers Council Delegacion a Guatemala

¿Qué es el Lawyers Council for Civil and Economic Rights?, ¿Cuál es la relación con la Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York?

El Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogados para Derechos Civiles y Económicos) es un consejo compuesto de abogadas y abogados en el ejercicio privado de la profesión, y multi-jurisdiccional, que reúne a 18 profesionales del derecho de reconocida trayectoria en la práctica privada en 14 países de la región, para apoyar el estado de derecho, combatir la corrupción y para apoyar el trabajo de la sociedad civil. Se compone de abogados seleccionados por haber demostrado un compromiso cívico importante en sus carreras jurídicas. La administración del Lawyers Council está a cargo del Cyrus Vance Center for International Justice y coordinado por Jaime Chavez Alor, abogado Mexicano.

El Vance Center es un programa sin fines de lucro de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York que reúne a los principales estudios jurídicos internacionales y a otros colaboradores alrededor del mundo para promover iniciativas de justicia internacional y proporcionar representación legal gratuita a organizaciones de la sociedad civil que luchan por el acceso a la justicia.

No es común que abogados dedicados a la práctica del derecho privado estén comprometidos en estos temas, ¿Cómo surge el interés?

Existe una noble tradición en la abogacía, en cada uno de nuestros países, de abogados que se entregan a redactar las leyes y a construir el estado de derecho. Hoy día construimos sobre lo que edificaron nuestros predecesores, pero los retos y los desafíos al estado de derecho y a sociedades justas no se mueren, sino se adaptan, mutan y siguen atacando los fundamentos de nuestro sistema de justicia. Como abogados en el ejercicio privado, reconocemos la importancia primordial del estado de derecho para el desarrollo económico y social y para atraer y retener inversión. Aunque relevante también para actores nacionales, el estado de derecho es particularmente importante cuando un país desea atraer inversión nivel internacional. Hemos visto lugares como Venezuela o Nicaragua en donde el estado de derecho se ha degradado al punto que la inversión, y actividad económica, desaparece, dejando sociedades empobrecidas. Creyendo que la actividad multi-lateral es y se percibe como menos “interesada” o política, buscamos usar esta plataforma para fortalecer a los países de la región de la que formamos parte.

¿Por qué el Lawyers Council está interesado en el proceso de nombramiento de Magistrados en Guatemala?

Esto es básico y no controversial: la administración de una justicia imparcial e independiente y que salvaguarde el estado de derecho es un elemento fundamental de una democracia efectiva y duradera, para una economía dinámica y para una sociedad que protege los derechos de sus ciudadanos sin mirada a su condición. Los procedimientos mediante los cuales se nombra a jueces y magistrados es una pieza clave para que las y los jueces puedan impartir justicia de manera independiente e imparcial.

Nuestro enfoque es apoyar a personas y organizaciones trabajando en Guatemala, de los cuales existen muchos abogadas y abogados comprometidos, para un sistema de justicia de integridad. También somos conscientes que todos nos hacemos fuertes o más débiles juntos y dado que la vulnerabilidad de la independencia judicial es una problemática regional, el proceso que lleva a cabo Guatemala será un referente, para bien o para mal. El contexto particular de Guatemala, de un grado de corrupción e influencia indebida en la administración de justicia alarmante, requiere particularmente, a nuestro criterio, de un proceso activamente transparente, público, abierto a la sociedad y legítimo para reforzar la percepción y la realidad de una administración justa.

¿Cómo aporta el Lawyers Council en este proceso?

Guatemala tiene una estructura de designación de la Magistratura de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones realmente única en la cual, cada cinco años, se renuevan todos los jueces de la magistratura. Entendemos que esta estructura respondió a problemáticas de otra época pero, sobre los años, ha generado sus propias problemáticas, incluyendo la administración, cada cinco años, del proceso de selección. Decidimos llevar a cabo un acompañamiento del proceso de nombramiento de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, el cual está ocurriendo ahora mismo. Este acompañamiento ha incluido la publicación de un documento exponiendo una serie de consideraciones basadas en los criterios fundamentales de la legislación y jurisprudencia nacional de Guatemala, estándares internacionales y experiencia comparada, en cada una de las etapas fundamentales del proceso de nombramiento de Magistrados.

Adicionalmente, como parte de este acompañamiento los pasados 5 y 6 de agosto, una delegación de abogados del Lawyers Council representando cinco países, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y México, visitamos Guatemala para vincularnos con sectores clave de la profesión legal guatemalteca para acompañar y monitorear la actuación de las Comisiones de Postulaciones y el Congreso, así como identificar las consideraciones clave para que estos actores cumplan con los estándares nacionales e internacionales para la selección de funcionarios judiciales.

Las reuniones que sostuvimos tuvieron el objetivo de aprender y escuchar de diferentes sectores de Guatemala sobre el proceso de nombramiento y sus problemáticas. Buscamos además reforzar la importancia y trascendencia de este proceso a nivel regional, acompañar y fortalecer la participación de la comunidad jurídica en este proceso y presentar las consideraciones particulares para fortalecer el mismo, así como comprender a profundidad los retos y las oportunidades de cooperación.

¿Cuáles fueron las principales observaciones y recomendaciones del Lawyers Council para este proceso?

La delegación observó en términos generales, que a diferencia de otros países en la región con los que el Lawyers Council ha trabajado, la dificultad que se presenta en Guatemala es doble. Por un lado, existe un problema de diseño y de forma en el sistema de justicia, y por otro lado, un problema de fondo relacionado con la corrupción e indebidas influencias políticas en el proceso. Modificar el proceso mediante el cual se nombra a los Magistrados será muy complicado mientras el nivel de corrupción continúe, y el problema de corrupción no se puede solucionar mientras siga existiendo una situación de impunidad tan elevada, en parte permitida por las debilidades del poder judicial.

Como parte de las recomendaciones a corto plazo, es decir, para el proceso que se lleva a cabo en estos momentos, recomendamos el involucramiento de la comunidad jurídica en el proceso, ya sea como participantes o como observadores activos del proceso. A medida que esta comunidad exija una actuación apegada a los principios constitucionales y a las mejores prácticas internacionales, se puede contar con un proceso transparente y abierto que pueda eliminar vicios del pasado, y garantizar un proceso legítimo en el que solo los mejores perfiles sean seleccionados.

A mediano y largo plazo, es importante retomar la discusión para una reforma integral al sistema de justicia que permita, entre otros temas fundamentales, que los magistrados de la Corte de Apelación puedan dejar de ser nombramientos políticos y se conviertan en parte de la carrera judicial basada en el mérito. Temas como la creación de un órgano encargado de la administración del poder judicial, el fortalecimiento de la carrera judicial en general, el periodo de nombramiento y escalonamiento de la renovación de los jueces y magistrados, y otras garantías de independencia judicial, son necesarios para fortalecer la impartición de justicia en Guatemala.

Un reconocimiento de la complejidad e intransigencia de estos desafíos nos refuerza en nuestra convicción de la imprescindible participación de los líderes de la abogacía privada en activo ejercicio de la profesión en estos desafíos. La vitalidad de nuestras economías y sociedades se construyen sobre la base de nuestro sistema de justicia por el cual nuestra profesión tiene un alto grado de responsabilidad.