Jessica Mena
Destacada abogada y notaria de la República de El Salvador, reconocida por su pasión y experiencia en el derecho administrativo y contencioso administrativo. Su trayectoria la posiciona como una de las profesionales más integrales y sobresalientes en este ámbito.
Desde sus primeros pasos académicos, ha demostrado una excelencia inigualable, siendo la primera Bachiller de su generación en el Colegio Sagrado Corazón (2003). En 2009, se graduó de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) con distinción “Cum Laude”, obteniendo el primer lugar en su promoción. La excelencia académica ha sido una constante en su vida.
En 2019, completó una Maestría en Derecho de la Empresa (LLM) en la Universidad Pontificia Católica de Chile, donde fue reconocida con los títulos de “Máxima Distinción”, “Excelencia Académica” y “Primer Lugar” de su promoción. Además, ha completado diversos programas de especialización, incluyendo el Programa de Gestión de Riesgos en Instituciones Financieras en INCAE (2020) y un Diplomado de Compliance en el Sector Público en Tirant lo Blanch, México (2023).
En el ámbito laboral, su experiencia ha sido exclusiva y destacada en el derecho administrativo. Ha trabajado en el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como colaboradora jurídica. También ha ejercido como apoderada del Comité de Apelaciones del Sistema Financiero y directora de asuntos jurídicos del Ministerio de Economía.
Asimismo, fue jueza suplente de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo durante cinco años. En 2014, Jessica aspiró a formar parte de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, habiendo obtenido la calificación más alta en el examen de conocimientos entre 76 aspirantes. Sin embargo, por razones personales decidió no avanzar en el proceso. Esta experiencia sólo reforzó su determinación de continuar su camino en el derecho administrativo.
Su faceta académica es igualmente impresionante. Desde 2011, ha sido docente de pregrado, maestría y posgrado en derecho administrativo en diversas universidades del país. Ha formado a jueces, magistrados, funcionarios públicos y abogados en el libre ejercicio, tanto como capacitadora independiente como profesora en la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de El Salvador.
Su compromiso con la educación también se refleja en su labor como autora y coautora de ensayos en derecho administrativo, destacando su participación en la obra colectiva “Compras Públicas en El Salvador e Iberoamérica”. A lo largo de su carrera, ha sido invitada a participar en los Congresos Iberoamericanos de Derecho Administrativo desde 2014, y ha sido una ponente destacada en varios foros de la especialidad en El Salvador.
En 2023, fue elegida por unanimidad como Presidenta de la Asociación Salvadoreña de Abogados en Derecho Administrativo, actualmente en proceso de formalización. Ese mismo año, recibió el reconocimiento de la revista “Derecho y Negocios# como la abogada con mayor proyección profesional en El Salvador. En su faceta empresarial, Jessica ha fundado Administrative Law Center (ALC), una firma boutique de derecho administrativo, mercados regulados y contencioso administrativo. ALC ofrece una gama completa de servicios en derecho administrativo, como asesoría en derecho tributario, de consumo, de competencia, compras públicas, autorizaciones gubernamentales y concesiones.
Además, tiene una sólida experiencia en mercados regulados como el sistema financiero, energía, telecomunicaciones, medicamentos y otros servicios públicos. ALC está conformado por un equipo de tres socios, una asociada y tres colaboradores jurídicos, todos con experiencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ. Esta ventaja les permite desarrollar estrategias de defensa altamente efectivas para sus clientes, tanto en procesos administrativos como judiciales.
Entre los servicios más destacados de ALC se encuentran la gestión de trámites gubernamentales, como registros sanitarios y alimenticios, así como litigios administrativos y procesos contenciosos. Actualmente, la firma representa a importantes empresas de sectores como el financiero, farmacéutico, alimenticio, automotriz y médico, consolidándose como una referencia en el derecho administrativo y regulatorio en El Salvador.
