Compliance y Negocios en Costa Rica

La forma de la contratación pública en Costa Rica ha empezado a transformarse intensamente a partir de modificaciones recientes del ordenamiento jurídico, en especial, por la introducción de la figura del compliance como un instrumento de trabajo que pretende garantizar el funcionamiento ético de las empresas.

La reciente legislación de responsabilidad de personas jurídicas, Ley No. 9699, fue puesta en vigencia en el año 2019 como un medio efectivo para perseguir la actividad criminal que se realiza a través de entes empresariales, los cuales, muchas veces aprovechándose de la intervención de las personas físicas que integran sus órganos de decisión o de ejecución, o quienes los representan, participan en la comisión de hechos penales de diversa naturaleza, sobre todo en el campo de la corrupción.

La idea político-criminal detrás de este esfuerzo normativo es promover, en primer lugar, la imposición de sanciones a las personas jurídicas en los casos en que sea demostrable que realizaron hechos penales en beneficio de la misma, y procurar que las empresas asuman códigos de ética y normas de cumplimiento que les permitan estar a buen recaudo de estos comportamientos de quienes las integran.

La mencionada Ley No. 9699 llamó a estas reglas de cumplimiento: “modelos facultativos de organización, prevención de delitos, gestión y control”. Por supuesto, su razón de ser es la de incentivar una cultura de cumplimiento de las normas jurídicas para mantener a la persona jurídica a buen recaudo de aquellas conductas que eventualmente podrían llevarla a asumir responsabilidad penal y civil por las acciones que se logren demostrar.

Es evidente que las pequeñas y medianas empresas costarricenses, así como las empresas extranjeras con subsidiarias en Costa Rica, deberán incorporar normas de cumplimiento dentro de sus organizaciones, con el fin de evitar gravosas consecuencias económicas y sancionatorias en caso de enfrentar un proceso penal por alguno de los delitos que están listados en Ley No. 9699, que son principalmente delitos del ámbito de la corrupción.

El clima de negocios con el sector público estará profundamente influenciado con la asunción de estas normas de cumplimiento que implican, no solamente consideraciones propias del derecho penal, sino también formas específicas de organización, de toma de decisión, y de control interno que contribuyan a disminuir el riesgo de comisión de hechos de relevancia criminal.

La asesoría jurídica para alcanzar un alto estándar de compliance resulta hoy fundamental, no sólo para el personal encargado de estas normas, sino también para el nivel ejecutivo y decisorio de las empresas, así como para los mandos medios de la organización.

Servicios de consultoría en el diseño e implementación de los programas, así como para guiar la capacitación y la conducción de eventuales investigacionesinternas en las empresas son la clave para una exitosa interacción con la Administración Pública costarricense.

AG Legal está en capacidad de proveer estos servicios para nuestros clientes, no sólo por la experiencia de varias décadas en la dirección y asesoría en procesos penales, sino por el conocimiento adquirido de las mejores prácticas en el campo de la organización empresarial para conseguir modelos de cumplimiento normativo acordes a los estándares de la legislación costarricense.