Derechos Humanos y Empresa – Laura Castañeda – Cementos Progreso

Hablar sobre la Política de Derechos Humanos en las empresas implica el conocimiento holístico de los Derechos Humanos en general, en específico de los Principios Rectores en materia de Derechos Humanos y Empresa, así como reconocer la importancia del rol del Abogado In House en la propuesta, promulgación y verificación del cumplimiento del sistema de gestión de los Derechos Humanos en la corporación.

Laura Castañeda

laura.castaneda@progreso.com

Gerente Legal Corporativo – Cementos Progreso

Los compromisos internacionales de los estados en materia de Derechos Humanos convierten a las empresas en sujetos de Derecho Internacional Público. En ese orden de ideas, aunque las normas de cumplimiento en materia de Derechos Humanos y empresa hasta ahora son voluntarias, se observa beneficiosa su adhesión por el valor agregado que le generan a las corporaciones.

Son 31 Principios Rectores en materia de Derechos Humanos y empresa que se sustentan en los siguientes pilares:

1. El deber del Estado de proteger los derechos humanos;

2. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos;

3. La necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación en casos de abusos relacionados con malas prácticas empresariales.

Operativamente la empresa debe considerar desarrollar un sistema de gestión en materia de Derechos Humanos proporcional al tamaño de su operación, que busque respetar los derechos humanos de todas sus partes interesadas, desde colaboradores hasta comunidades anfitrionas de sus operaciones. Dentro de los mínimos del sistema de gestión la empresa debe emitir un Compromiso político- La Política-, al más alto nivel de control (“Tone at the Top) que garantice e implique el “cascadeo” de las obligaciones a todos los ámbitos operativos de la empresa.

El rol del abogado corporativo en este tema es clave, pues su conocimiento del negocio y de la regulación en la materia lo convierten en la autoridad idónea para garantizarle a la empresa y sus accionistas no solo el correcto actuar como ciudadano corporativo, sino también la adecuada gestión de un activo intangible relevante, cuyo valor se monetiza en términos de atracción de nuevos inversionistas, reducción de costos operacionales, buen acceso a crédito, valoración para ofertas públicas de acciones, reducción de litigios nacionales e internacionales y acceso a mercados sofisticados entre otros.

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