El sector eléctrico es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Es por eso que con la entrada en vigor de la Ley General de Electricidad en 1996 se marca un antes y un después en la historia de Guatemala. El modelo de gestión estatal es superado y se abre paso a un modelo en el que la iniciativa privada toma el protagonismo y liderazgo del sector.

De una sola empresa estatal verticalmente integrada se pasa a un modelo de competencia en los diferentes niveles de la cadena de valor de suministro de la industria. Es así como en la generación da lugar a las grandes inversiones de capital privado en proyectos de energía renovable y no renovable.

En el transporte, no obstante que el Estado aún juega un papel predominante, la reforma garantiza el acceso a las redes de transmisión y abre el espacio para nuevos actores que poco a poco han hecho importantes inversiones de capital.

Es probablemente en la distribución en donde se implementaron los cambios más importantes, pasando a un modelo completamente privatizado, enfocado en la competencia y en la eficiencia económica en beneficio del usuario.

La reforma indudablemente ha tenido un impacto positivo en el desarrollo del país. No es coincidencia que en el Índice de Doing Business 2018 del Banco Mundial, Guatemala obtiene el puesto 36 de 190 a nivel mundial en el campo de Obtención de Electricidad. La electrificación, un objetivo declarado de urgencia nacional por la propia Constitución, se ha desarrollado a niveles nunca vistos, especialmente en el área rural.

La matriz energética se ha diversificado con la introducción de nuevas tecnologías.

La calidad del servicio en el área urbana y rural ha visto grandes avances y la tarifa de electricidad que se cobra al usuario final se ha mantenido estable y a un nivel relativamente bajo durante los últimos años. Todo esto gracias a la competencia en el mercado, a la eficiencia del sector y a una sana regulación.

Sin embargo, este modelo no puede funcionar sin un elemento esencial: la seguridad jurídica. Para que los avances logrados con la reforma al sector eléctrico se mantengan, y continúen desarrollándose, es totalmente necesario que el Estado cumpla con su función fundamental de proporcionar un clima estable para las inversiones, de garantizar el uso y goce de la propiedad privada y, en definitiva, de cumplir y hacer que se cumplan las leyes de este país. Lamentablemente, en los últimos años el Estado guatemalteco ha fallado en estas funciones básicas.

Ejemplo de ello es la incapacidad del Estado para controlar y resolver el alto nivel de conflictividad social que experimentan las empresas involucradas en el sector eléctrico -y en otros sectores- en algunas zonas del interior del país. Sólo durante 2017 se produjeron un total de 7,402 casos de conflictividad social a nivel nacional. De estos, 1,665 estuvieron relacionados con el sector de energía, 1,537 con la agroindustria, 2,083 con la industria extractiva, 141 con actividades de derechos humanos, 157 por aspectos de medio ambiente, 60 por conflictos de tierra, 313 relacionados con conflictos entre pueblos indígenas y 1446 por otras causas vinculadas a las anteriores.

Si lo analizamos desde un punto de vista geográfico, lamentablemente, en casi todos los departamentos se reportan casos de conflictividad social. Sin embargo, los incidentes se concentran con mayor intensidad en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Santa Rosa, Escuintla, Petén y San Marcos, zonas con presencia de empresas mineras, de energía, de palma africana y azúcar. En el sector eléctrico específicamente, la mayor cantidad de incidentes se concentran en los departamentos de Alta Verapaz, Quetzaltenango, Retalhuleu, San Marcos, Petén, Totonicapán y Quiché.

La evolución de la conflictividad social en el país es preocupante. Debido a la falta de capacidad e interés del Estado en resolver la problemática y atender las preocupaciones de la población, la conflictividad social ha aumentado exponencialmente desde el año 2010, según se muestra en la siguiente gráfica:

El panorama no es alentador. Si el lector es un inversionista que analiza brevemente la situación actual de conflictividad, probablemente decida invertir su capital en otro país. Adicionalmente, el incremento acelerado que muestra la gráfica anterior probablemente despertará en el lector, por lo menos, dos interrogantes: ¿Cuáles son las razones por las que ha aumentado la conflictividad en los últimos años? Y ¿Qué efectos tendrá esta situación en el sector eléctrico y en la economía guatemalteca en general?

La primera pregunta es muy compleja y, por ende, no pretendemos en este artículo dar una respuesta que abarque todos los posibles escenarios (sociales, económicos, ambientales, etc.) que influyen en el aumento de la conflictividad social en el país. No obstante, vale la pena mencionar que existen preocupaciones legítimas de las poblaciones que no han sido atendidas adecuadamente por el Estado y que no se deben ignorar cuando se planifican proyectos de energía, especialmente aquellos que utilizan recursos naturales. Ahora bien, para nadie es un secreto el hecho que existen ciertas organizaciones que se han dado a la tarea de promover la conflictividad social y de obstaculizar sistemáticamente el diálogo. Incluso, ciertos grupos, bajo un discurso populista, llegan a realizar acciones ilegales que atentan contra la vida, la seguridad y la propiedad de los guatemaltecos.

El caso de las empresas distribuidoras de energía eléctrica es particularmente preocupante. Según información de Energuate, existen organizaciones en varios departamentos del país que incitan y fomentan la manipulación de la red de distribución eléctrica con el objetivo de realizar conexiones no autorizadas y cobrar por un servicio que es, a todas luces, ilegal. Estos grupos, lamentablemente, se presentan como movimientos ideológicos que, actuando al margen de la ley, cobran a los usuarios alrededor de Q30 al mes por un servicio del cual no rinden cuentas legalmente. Los usuarios son engañados por estas personas, quienes, al contar con una organización bien estructurada, se presentan como otra empresa de distribución de energía eléctrica ilegal. Esto únicamente produce disgusto y confusión en la población, principalmente en la gran mayoría de usuarios que pagan puntualmente.

En otras ocasiones, estas organizaciones llevan a cabo actividades ilegales que impiden al personal de las empresas realizar su labor. Un ejemplo de ello ocurrió el pasado 20 de febrero en Malacatán, San Marcos. En horas de la noche un grupo de personas entró por la fuerza a la Subestación Eléctrica Malacatán propiedad del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, quienes desalojaron de forma violenta al personal del INDE, a seguridad privada de Energuate e incluso a la Policía Nacional Civil. Luego, estas personas procedieron a manipular las instalaciones eléctricas y realizar conexiones ilegales a la red de distribución con el objetivo de suministrar electricidad a la zona sin pagar por el servicio. En dicha ocasión, las autoridades gubernamentales claramente se vieron incapaces de responder y controlar la situación, lo que obligó a las empresas a evacuar a su personal del lugar. Este hecho fue ampliamente reportado por la prensa local y los vídeos e imágenes que han circulado en los medios de comunicación dan cuenta de la forma en que dichas agrupaciones ilegales operan.

Lo anterior nos lleva a la primera conclusión de este artículo: una de las principales razones por las que ha aumentando tanto la conflictividad social en los últimos años es la ausencia del Estado en algunas zonas del país. Si las autoridades gubernamentales tuvieran los recursos y la capacidad para responder a las necesidades de la población, por un lado, y de cumplir y hacer cumplir la ley por el otro, mucha de la conflictividad social que experimenta el país podría evitarse. En otras palabras, la conflictividad social es una consecuencia directa de la falta de gobernabilidad y seguridad jurídica que existe en el país a un nivel generalizado. Esto, en combinación con la posición de ciertas autoridades regulatorias que, lejos de apoyar a las empresas del sector eléctrico, insisten en sancionarlas sin tomar en cuenta el contexto social en el que se ven obligadas a operar. Esto coloca a las empresas en una situación extremadamente difícil actualmente.

En cuanto a la segunda interrogante, los efectos de la conflictividad social y la falta de seguridad jurídica son diversos y se manifiestan a varios niveles. Para las empresas distribuidoras, por ejemplo, los efectos se traducen en pérdidas millonarias. Sólo por robo de energía eléctrica las distribuidoras reportan pérdidas de alrededor de Q200 millones al año. Si esto se combina con la falta de pago de usuarios que se encuentran en zonas conflictivas, el monto asciende a Q400 millones anuales. Estas pérdidas millonarias ponen en riesgo la viabilidad de la operación de las empresas distribuidoras en el interior del país y, consecuentemente, de toda la cadena de suministro.

Otro efecto se ve reflejado en la tarifa que paga el usuario final. Las distribuidoras no sólo incurren en pérdidas directas por el robo de energía y la falta de pago por los usuarios en zonas conflictivas, sino que incurren en costos mayores por gestionar esta conflictividad social. Estos costos en muchos casos son trasladados al usuario final por disposición regulatoria, lo que se traduce en un aumento en la tarifa. En otras palabras, el robo de la energía eléctrica y los costos asociados con la conflictividad social los pagamos todos los guatemaltecos, por medio de tarifas más caras e ineficientes.

A un nivel macroeconómico, estamos empezando a experimentar los efectos de la conflictividad social y la falta de seguridad jurídica. Al inicio de este artículo mencionamos que Guatemala ocupa el puesto 36 de 190 a nivel mundial en el campo de Obtención de Electricidad en el Índice Doing Business 2018 del Banco Mundial. Sin embargo, en el ranking general, Guatemala ocupa el puesto 97 de 190 países a nivel mundial, casi 40 puestos abajo del promedio regional. Asimismo, el Índice de Confianza de la Actividad Económica que calcula el Banco de Guatemala ha caído en un 41% desde abril de 2017. Finalmente, según FUNDESA, en el Índice de Desarrollo Sostenible, Guatemala ocupa el puesto 60 de 93 a nivel mundial, y el puesto 14 de 18 a nivel latinoamericano. Por lo tanto, podemos ver que las señales del mercado no son esperanzadoras bajo las circunstancias de inseguridad actuales y es urgente que el Estado cumpla con su función básica de brindar estabilidad y seguridad jurídica.

Al inicio de este artículo hablamos de los grandes avances que ha traído la reforma del sector eléctrico implementada a través de la Ley General de Electricidad en el año de 1996. Por supuesto que la Ley no es perfecta y hay muchas cosas por mejorar. Sin embargo, consideramos que, a menos que el Estado se enfoque en garantizar la estabilidad y seguridad jurídica que las empresas involucradas en el sector eléctrico necesitan especialmente, así como para todos los guatemaltecos en general, la conflictividad social que impera actualmente en algunas zonas de este país pone en riesgo todos los logros alcanzados en las últimas décadas.

Ante ello resulta inevitable terminar esta reflexión con la segunda pregunta propuesta al lector: ¿Qué efectos tendrá esta situación en el sector eléctrico y en la economía guatemalteca en general? La respuesta es de incalculables proporciones para todos los actores que participan en el sector eléctrico, así como para la economía guatemalteca en general. Sin embargo, radica en el Estado la obligación de minimizar o anular estos efectos, velando por el cumplimiento de la Constitución Política y las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, haciendo prevalecer el Estado de Derecho.

1. Socio Senior, Mayora & Mayora, S.C.

2. Asociado, Mayora & Mayora, S.C.

3. Fuente: Banco Mundial

4. Fuente: www.observatorio.org.gt

5. Fuente: www.observatorio.org.gt

6. Fuente: Energuate