Ley de Competencia en Costa Rica y la región

La competencia efectiva entre compañías constituye uno de los elementos determinantes de la economía de mercado y es una garantía que ampara los intereses de los consumidores. Esta máxima fue clara para que Costa Rica promulgara, en 1994, la normativa regulatoria de la competencia. No obstante, desde la promulgación de la Ley 7472, la reforma jurídica ha sido constante, y direccionada a ampliar las facultades de la Comisión para Promover la Competencia. Ese brío legislativo se manifiesta actualmente en el proyecto de ley número 19996, que transformará dicha autoridad en el Consejo Nacional de Competencia (CONACOM).

El escenario que plantea el proyecto de ley es de un órgano regulador con alto grado de independencia, junto al recurso económico y humano suficiente para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas, creando además plazas permanentes para los miembros del CONACOM.

CONACOM contará con nuevas facultades. Podrá visitar a los agentes económicos sin necesidad de autorización judicial y emitir recomendaciones y estudios de mercado en casi todos los sectores, estaría facultado de forma genérica para impugnar cualquier acto de la Administración Pública en el que se considere que existen prácticas monopolísticas y podría inhabilitar a empresas para contratar con el Estado.

La advertencia es muy concreta: el bisturí legislativo debe ser más restrictivo y consciente de que los órganos de competencia no existen para regular mercados. El reto que hoy enfrenta Costa Rica es una nueva normativa conforme con las reformas requeridas por la OCDE para que Costa Rica ingrese plenamente pero sin exagerar las potestades de CONACOM. Las modificaciones al proyecto de ley deben continuar, pues el gran desafío es articular un ente de competencia eficiente y efectivo, respetuoso de los derechos de los agentes económicos y que a la vez permita equiparar al país a los estándares internacionales.