Tendencias Tributarias en Guatemala

En Guatemala se están viviendo muchos cambios a nivel social y gubernamental. El fortalecimiento del Estado y la lucha contra la corrupción nunca habían sido tan drásticos. Se vislumbra para el largo plazo una Guatemala en donde se respetan las leyes bajo un principio de aplicación general.

En este escenario de cambio, la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- ha desempeñado un papel muy importante, logrando recuperar grandes sumas de dinero que se le adeudaban o que se habían defraudado; y casi inmediatamente se percibe en las personas un cambio de actitud, en donde ya no se busca encontrar la manera de pagar lo menos posible, sino de pagar lo que corresponde.

El hecho que la SAT esté realizando este tipo de gestiones, aunado al combate de la corrupción dentro del gobierno, parece estar encaminado a recuperar la confianza de los ciudadanos, surgiendo un nuevo Estado en donde las leyes se aplican para todos.

En este orden de ideas, lo que ocurre actualmente tiene efectos positivos a futuro; sin embargo, es necesario cuestionarse si para lograr éste cambio positivo, no existen otras medidas que resulten menos gravosas en el corto plazo.

Por ejemplo, se han dado casos en que la SAT, con el objeto de poder recaudar lo que efectivamente le corresponde al gobierno, ha procedido a denunciar penalmente a empresarios, delegando de manera indirecta una función propia de la SAT en el Ministerio Público.

El impacto que esto tiene en la economía a corto plazo es bastante grave, pues se genera un escenario de incertidumbre y miedo, lo cual ahuyenta a los empresarios locales y desincentiva la tan necesaria inversión extranjera.

En mi opinión, los efectos negativos a corto plazo mencionados en el párrafo anterior, pueden ser atenuados fortaleciendo las instituciones administrativas y las salas de lo contencioso administrativo para lograr una mayor agilización de cobro en las instancias que corresponden sin que el gobierno tenga que recurrir a la criminalización para el pago de los impuestos en donde se cuestiona el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.